*Por Dr. Alberto Lettieri
Un conjunto de historiadores profesionales han salido a proclamar enfáticamente su critica a la creación
del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, haciendo circular una declaración engañosa que reitera su tradicional divorcio con
el campo popular, y su propia pretensión de ejercicio de un manejo corporativo y sesgado en términos ideológicos de la producción y divulgación del saber histórico.
Los quisquillosos signatarios de la declaración objetan ciertas características del novel instituto, presentándose a si mimos
como vestales impolutas, alejadas de toda pasión e interés humano. De este modo, objetan el “absoluto desconocimiento” y la “desvalorización prejuiciosa” que el
texto fundacional del Instituto Dorrego manifestaría respecto de la “amplia producción historiográfica que se realiza en el marco de las instituciones científicas del
país” –es decir, desconoce el pedestal en que los firmantes de la nota ubican a su propia producción-, afirman que con “todo el peso del Estado, el Instituto se crea para promover un discurso
oficial sobre el pasado”, y que, a través de su decisión, el “gobierno nacional revela su voluntad por imponer una forma de hacer historia que responda a una sola
perspectiva”. Nótese que los criterios sobre los que se fundamenta la crítica son puramente valorativos, pretendiendo descalificar el punto de vista del adversario en virtud de su pretensión de
hablar a nombre de una supuesta “objetividad científica”.
Tanta ignorancia parece destilar el gobierno nacional a ojos vista de estos historiadores profesionales, que llegan a afirmar
que la iniciativa “desconoce así no solamente cómo funciona esta disciplina científica, sino también un principio crucial para una sociedad democrática: la vigencia de una pluralidad de
interpretaciones sobre su pasado”. De este modo, ignorancia, autoritarismo, “maniqueismo”, serian las características un gobierno nacional empeñado en avasallar las instituciones
democráticas.
La operación discursiva es burda y recurrente en este grupo, pero absolutamente deficiente:
1) En primer lugar, desconoce que la decisión del gobierno nacional de dar la posibilidad de expresarse a un conjunto de
perspectivas silenciadas durante largos tramos de nuestra historia, constituye un acto de rigurosa justicia, ya que la creación del Instituto Dorrego no implica la clausura de los
preexistentes, ni el silenciamiento de los firmantes;
2) Silencia el terrible control ideológico y social ejercido por los signatarios de la solicitada en los marcos
institucionales donde se desempeñan o desempeñaron, elaborando un proyecto de supuesta refundación de las ciencias sociales y humanas a partir de 1983, sobre la base de: a) un
relato histórico que pretendió excluir al peronismo del campo académico, privilegiando casi con exclusividad las investigaciones desarrolladas en un marco temporal que concluía en 1930, b)
reemplazando la producción histórica basada en el compromiso social y la divulgación por un pretendido saber académico endogámico que reemplazaba los grandes relatos por los estudios micro, y a
la difusión por el saber orientado a los miembros de la corporación;
3) la descalificación del proyecto oficial, que posibilitaría el ejercicio de una “forma perimida de hacer historia”, no
solo expresa un autoritarismo explicito –al negar al otro su derecho de pensar o producir según sus propios puntos de vista- sino que también oculta que, tras su pretendido perfil profesional y
académico, los relatos de los objetores que, a través de su obra, retoman con nuevas herramientas teóricas el viejo relato del liberalismo aristocratizante y dependiente, generando una cruzada
antipopular sobre la base de una alianza de intereses que se advierte con claridad tanto pasando revista al listado de signatarios.
Efectivamente, la construcción de una sociedad democrática requiere de una ciencia democrática, tanto en la diversidad de
perspectivas, cuanto en la importancia que se asigna a la sociedad como motivador y destinatario de los aportes de los investigadores.
Negarle al otro el derecho a expresarse, objetando el carácter “perimido” de su propuesta, la supuesta ignorancia y
autoritarismo de un gobierno nacional plebiscitado por el 54% de la población o el monopolio de los especialistas y simultáneamente presentarse como pluralistas y democráticos demuestra una vez
mas el autoritarismo, la miopía social y una soberbia característica de sectores cuyo emparentamiento intelectual con el iluminismo y las practicas corporativas –“todo para el pueblo pero sin
el pueblo” era su lema- resulta demasiado pronunciado para poder ser disimulado con declaraciones huecas y descalificatorias.
*Prof. Titular Regular UBA
Investigador Independiente Conicet
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