Como comienza esta estúpida forma de “armado”; el compañero
Néstor que en realidad es el que pone la cara, se rodea de algunos besas guantes, que lo único que han logrado es aumentar su billetera, esto no es novedad lo sabemos todos, cuando en el 2001,
este nuevo proceso se expande muchos caminamos la República, sumando voluntades, a los que trabajamos en ese inicio se nos proveyó de una herramienta política que es el actual
(*) Dr. Corrado Sandro Trigilia
En los años que lleva nuestra democracia como sistema de gobierno, 26 para ser más exactos, hemos avanzado mucho, mucho más que otros países
hermanos en la calidad y el reconocimiento de los Derechos Humanos, en el fortalecimiento de la sociedad civil expresada en la proliferación de organizaciones comunitarias y barriales que,
aún inconexas, mantuvieron un mínimo de cohesión social cuando el neoliberalismo arrasó con la economía, la dignidad de los trabajadores y la
institucionalidad.
La tradición de la sociedad civil argentina, siempre había sido la de reivindicar derechos ciudadanos universales, entendiendo a la ciudadanía como un atributo jurídico-político y social de cualquier persona nacida en este suelo.
Los ciudadanos conformamos el cuerpo político de una nación y somos soberanos en tanto que integramos un cuerpo mayor que es el Pueblo, cuyo mandato es inapelable.
En los ’90, aprendimos, con la fuerza brutal del neoliberalismo a confundir derechos ciudadanos con derechos del consumidor y también con derechos del cliente. Esta aberración política produjo variadas consecuencias, la primera y fundamental es que si los derechos dependen del consumo, los que más consumen tienen más derechos, eso es así en la salud, en la educación, en la vivienda, etc. Así fuimos extirpando del discurso público la idea de los derechos ciudadanos y con ella la idea de la universalidad de los derechos. Ni los niños ni los viejos y menos los trabajadores ocupados o desocupados tendrán derechos por ser ciudadanos argentinos.
Al mismo tiempo, fuimos naturalizando la idea que el Estado debía achicarse y funcionar solamente para garantizar los privilegios de unos pocos, los que más tienen, porque consumen más y así gastan más y “derraman” sobre el resto de la población. Al asumirnos como consumidores también naturalizamos la idea de la desigualdad, esto fue un golpe fuerte, importante en la cultura política de una sociedad que se había caracterizado por lo contrario.
Alguna vez Argentina se caracterizó por ser en América Latina una de las sociedades más igualitarias en la que la distancia entre ricos y pobres era mucho menor que en otros países, por una enorme distribución de riqueza, que bajo el reconocimiento de los derechos universales se hizo en los años 50. Así el sistema de salud y sobre todo el sistema único de educación garantizaban derechos de calidad elementales para la integración social y la igualdad de oportunidades. La catástrofe neoliberal no sólo destruyó la economía, cambió también la cultura política.
Hoy la reivindicación de un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar se entiende como Populismo o clientelismo, que en boca de la Nueva Derecha significa la siguiente ecuación, “no consume, tiene hambre, no piensa por sí mismo”, adiós ciudadanía universal. Entonces lo que desvela ala Nueva Derecha no es que los pobres coman y consuman sino que no sean usados por los “populistas.”
Es muy interesante esa ecuación porque el problema dejó de ser la desigualdad, para ser la “conciencia abstracta del dominado”, al que no hay que garantizarle su derecho a comer sino liberarlo de las “garras del populismo.”
Cuando en los últimos años se garantizó la JUBILACION para personas que nunca habían aportado al Sistema Estatal de Reparto ni a ningún otro, se reconoció un derecho universal y ahora se hizo lo mismo con la infancia, la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO menor de 18 años es un avance enorme, que impacta en el núcleo más resistente de la pobreza que se ha mantenido a pesar del crecimiento económico, porque como sabemos por experiencia la “riqueza no derrama, se concentra” y distribuirla implica una dura batalla que no es sólo económica sino de cultura política.
Profundizar la idea de la universalidad de los derechos en las políticas públicas mejora la calidad de la democracia, mejora la calidad de la instituciones y enriquece una cultura política empobrecida y mezquina que se niega a reconocer el más elemental de todos los derechos, el de que todos los hombres somos iguales
La tradición de la sociedad civil argentina, siempre había sido la de reivindicar derechos ciudadanos universales, entendiendo a la ciudadanía como un atributo jurídico-político y social de cualquier persona nacida en este suelo.
Los ciudadanos conformamos el cuerpo político de una nación y somos soberanos en tanto que integramos un cuerpo mayor que es el Pueblo, cuyo mandato es inapelable.
En los ’90, aprendimos, con la fuerza brutal del neoliberalismo a confundir derechos ciudadanos con derechos del consumidor y también con derechos del cliente. Esta aberración política produjo variadas consecuencias, la primera y fundamental es que si los derechos dependen del consumo, los que más consumen tienen más derechos, eso es así en la salud, en la educación, en la vivienda, etc. Así fuimos extirpando del discurso público la idea de los derechos ciudadanos y con ella la idea de la universalidad de los derechos. Ni los niños ni los viejos y menos los trabajadores ocupados o desocupados tendrán derechos por ser ciudadanos argentinos.
Al mismo tiempo, fuimos naturalizando la idea que el Estado debía achicarse y funcionar solamente para garantizar los privilegios de unos pocos, los que más tienen, porque consumen más y así gastan más y “derraman” sobre el resto de la población. Al asumirnos como consumidores también naturalizamos la idea de la desigualdad, esto fue un golpe fuerte, importante en la cultura política de una sociedad que se había caracterizado por lo contrario.
Alguna vez Argentina se caracterizó por ser en América Latina una de las sociedades más igualitarias en la que la distancia entre ricos y pobres era mucho menor que en otros países, por una enorme distribución de riqueza, que bajo el reconocimiento de los derechos universales se hizo en los años 50. Así el sistema de salud y sobre todo el sistema único de educación garantizaban derechos de calidad elementales para la integración social y la igualdad de oportunidades. La catástrofe neoliberal no sólo destruyó la economía, cambió también la cultura política.
Hoy la reivindicación de un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar se entiende como Populismo o clientelismo, que en boca de la Nueva Derecha significa la siguiente ecuación, “no consume, tiene hambre, no piensa por sí mismo”, adiós ciudadanía universal. Entonces lo que desvela ala Nueva Derecha no es que los pobres coman y consuman sino que no sean usados por los “populistas.”
Es muy interesante esa ecuación porque el problema dejó de ser la desigualdad, para ser la “conciencia abstracta del dominado”, al que no hay que garantizarle su derecho a comer sino liberarlo de las “garras del populismo.”
Cuando en los últimos años se garantizó la JUBILACION para personas que nunca habían aportado al Sistema Estatal de Reparto ni a ningún otro, se reconoció un derecho universal y ahora se hizo lo mismo con la infancia, la ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO menor de 18 años es un avance enorme, que impacta en el núcleo más resistente de la pobreza que se ha mantenido a pesar del crecimiento económico, porque como sabemos por experiencia la “riqueza no derrama, se concentra” y distribuirla implica una dura batalla que no es sólo económica sino de cultura política.
Profundizar la idea de la universalidad de los derechos en las políticas públicas mejora la calidad de la democracia, mejora la calidad de la instituciones y enriquece una cultura política empobrecida y mezquina que se niega a reconocer el más elemental de todos los derechos, el de que todos los hombres somos iguales
(*) Dr. Alberto Felipe Pannoni
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